La jurisdicción de lo contencioso-administrativo fue creada mediante la Ley 130 de 1913 con el objetivo de revisar los actos de las corporaciones o de los empleados públicos que, en ejercicio de sus funciones, vulneren los derechos de los ciudadanos.
Para materializar este propósito, la Ley 167 de 1941 estableció que cada departamento contaría con un Tribunal Administrativo, conformado por tres magistrados elegidos por el Consejo de Estado, que funcionaría en la capital.
En esa época, además de los departamentos, existían intendencias y comisarías. Por ello, el Decreto Ley 01 de 1984 dispuso que estas entidades territoriales se integraran a los siguientes tribunales: i) al de Bolívar, la intendencia de San Andrés y Providencia; ii) al de Boyacá, las intendencias de Arauca y Casanare; iii) al de Cundinamarca, las comisarías del Amazonas y Vaupés; iv) al del Meta, las comisarías de Vichada, Guainía y Guaviare; y v) al de Nariño, la intendencia del Putumayo.
Con la expedición de la Constitución Política de 1991, la intendencia del Putumayo desapareció y pasó a ser departamento, lo que generó la expectativa de contar con un Tribunal Administrativo.
Treinta y dos años después, el Consejo Superior de la Judicatura creó el Tribunal Administrativo del Putumayo, así como el Distrito Judicial Administrativo de Putumayo, con cabecera en Mocoa y competencia en todos los municipios del departamento (Acuerdo PCSJA23-12125 de 19 de diciembre de 2023).
Posteriormente, la Sala Plena del Consejo de Estado designó, en provisionalidad, a los tres magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Putumayo, quienes tomaron posesión de sus cargos el 7 de mayo de 2024.
Aunque los magistrados ya estaban posesionados, era necesario contar con el personal adecuado para apoyar a los despachos y a la secretaría del tribunal. También se requerían adecuaciones físicas y tecnológicas para su funcionamiento. Por ello, el reparto ordinario y de acciones constitucionales estuvo suspendido y se reanudó el 22 de mayo de 2024 (Acuerdo CSJNAA24-122 de 22 de mayo de 2024).
A partir de esa fecha, el Tribunal Administrativo del Putumayo ha estado desarrollando su función de administrar justicia en el territorio, garantizando así el acceso a la justicia ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, derecho que el departamento había solicitado durante años.
